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DICIEMBRE 2016
Conceptos como movilidad sostenible, vida saludable y alimentación equilibrada han dejado el ámbito de las reivindicaciones minoritarias para convertirse en recomendaciones prioritarias para gobiernos y organismos internacionales.
La obesidad es una enfermedad que ha alcanzado el rango de problema social en las sociedades desarrolladas. Para la persona que la padece, puede tener repercusiones negativas en su salud, pero también en su vida social y laboral. Para la comunidad estas consecuencias se trasforman en un verdadero problema social y económico.
Según Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, el 18'7% de los adultos de la comunidad autónoma padece obesidad y este porcentaje se eleva al 22'5% entro los menores de edad.
Para afrontar esta situación, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha decidido tomarse muy en serio el problema y elevar a rango de Ley sus medidas, recogiéndolas en el anteproyecto de Ley para la promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada.
Asumiendo que la solución del problema se fundamenta en una buena educación alimenticia desde la infancia, la ley centra gran parte de sus medidas en el ámbito educativo.
Se fomentará la actividad física en las extraescolares y en el horario lectivo, recomendando un mínimo de 5 horas semanales.
Se regula el funcionamiento de los comedores escolares, fomentando la dieta mediterránea y la producción local de alimentos.
Planes de formación para el profesorado en alimentación saludable, y fomento de grados y estudios en las universidades sobre esta materia.
Se reconoce el derecho a una atención continuada e integral de su enfermedad a todas las personas con trastornos alimentarios u obesidad, y se protege su derecho a la no discriminación en todos los ámbitos. Para ello, se formará a los profesionales de la salud y se incluirá esta materia en todos los planes de estudio de la rama de ciencias de la salud.
Se regula la publicidad de alimentos y refrescos dirigida a menores de 15 años, especialmente la realizada en centros educativos y sanitarios.
Para que las medidas sean realmente efectivas, la ley trata de regular la materia en todos los ámbitos de la sociedad. Así se exigirá a los restaurantes la oferta de menús saludables y raciones de diferentes tamaños.
El agua potable deberá ser accesible y gratuita, en los colegios, en los restaurantes, en todos los espacios públicos y junto a las máquinas expendedoras de alimentos.
Para facilitar la movilidad sostenible se obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a situar aparcamientos de bicicletas.
Todas estas normas repercutirán en el bienestar de los ciudadanos, especialmente de los estudiantes que optan por una vida saludable, se desplazan en bicicleta y disfrutan de los espacios públicos.
